En esta primera parte, describiremos el sistema de pensiones y la solidez del mismo, así como los planes del gobierno para cambiarlo. En la segunda parte, analizaremos las verdaderas intenciones del ejecutivo para la reforma.
El sistema público de pensiones es un capítulo importante del gasto social del estado español. Este gasto, que incluye la Seguridad Social, sanidad, educación y vivienda entre otros capítulos, suponía en 2007 - últimos datos europeos- el 21% de la riqueza del país, siendo la media de 15 países de la UE del 27%, situándose, pues, España entre los países de cola( Diario Público, 12-1-2011).
Las pensiones forman parte del sistema de protección de la Seguridad Social; por otro lado, existe el sistema de protección para los funcionarios públicos, clases pasivas del Estado, con 1,8 millones de pensionistas, con gestión y financiación independiente del anterior (Datos de la Secretaría General del Ministerio de Hacienda).
La pertenencia a la Seguridad social es obligatoria para las empresas y trabajadores.
Actualmente hay 17,6 millones de cotizantes, y su evolución a lo largo de estos dos últimos años ha sido negativa a causa del paro (Todos los datos sobre Seguridad Social y pensiones se pueden encontrar en la web “seg-social.es”).
La Seguridad Social cubre las contingencias generales, entre las cuales está la jubilación; el desempleo, el fondo de garantía salarial y la formación profesional de los trabajadores.
El sistema se financia mediante las aportaciones de los empresarios que suponen el 29,9% de los salarios( se considera esta aportación como un salario del trabajador diferido en el tiempo), y el trabajador que aporta el 6,35% de su salario bruto.
Con estas cotizaciones se pagan los gastos del sistema durante el año. Es un sistema de reparto, frente a los sistemas privados de capitalización, y ayuda a la cohesión social tratando de igualar indirectamente las rentas de los ciudadanos.
El capítulo de pensiones comprende las de jubilación, viudedad y orfandad fundamentalmente.
Hay pensiones contributivas para los que son cotizantes del sistema; y no contributivas, para los que no han podido acceder al sistema por diferentes causas, que, de momento, también las paga la Seguridad Social, en parte, siendo la otra parte con cargo a los presupuestos generales del Estado.
El número de pensionistas de la Seguridad Social era de 8,6 millones en 2010, siendo las pensiones de jubilación las más numerosas, seguidas por las de viudedad.
El cálculo de la pensión se hace teniendo en cuenta los salarios de los últimos 15 años, básicamente.
Los resultados económicos del sistema, finalizado el 2010, han sido, referidos a las pensiones, los siguientes: los ingresos de los cotizantes para pensiones y prestaciones contributivas han supuesto 105.682 millones de €, siendo los gastos por este mismo concepto de 105.444 €, lo cual indica un equilibrio del sistema de pensiones y prestaciones contributivas. Este gasto en pensiones supone el 10% del PIB del pasado año( La seguridad Social ha utilizado un PIB de alrededor de 1 billón de euros).
En conjunto, todo el sistema de Seguridad Social ha tenido un superavit de 2.400 millones de € que sumado al que ya existía conforman un fondo de garantía acumulado de 62.400 millones de €.
El sistema ha funcionado de una manera solvente y eficiente, aunque mejorable, y no hay razones de fondo, científicas, que justifiquen una reforma del mismo como la que se pretende(Juan Torres, Noticias Obreras, 16-7-2010).
La pensión media mensual era ,en diciembre de 2010, de 892€ mensuales, siendo la pensión máxima de 2466€ y la mínima alrededor de 725€, las cuales fija el Estado.
Cuando las pensiones que corresponden a los pensionistas están por debajo del mínimo, existe un complemento a mínimos que paga el Estado, aunque solo en parte.
Cerca del 30% de los jubilados recibe una pensión mínima.
No podemos decir que el sistema de pensiones sea generoso con los pensionistas. Ya hemos indicado el alto porcentaje de pensiones que son mínimas y a esto podemos añadir que la pensión media que se recibe es solo el 50% del salario medio que se cobra en España, que era en el pasado año de 1800€ brutos. De acuerdo con la riqueza relativa del país, todavía se podrían gastar del presupuesto público 66.000 millones de euros más en gasto social, y por lo tanto en pensiones, para estar simplemente a la altura de la media europea ( V. Navarro, en “blogs.publico.es”, de 27-5-2010).
Naturalmente el sistema admite mejoras, tanto en prestaciones como en ingresos: las pensiones mínimas son bajas y especialmente muchas de las de viudedad, de manera que la pensión máxima es tres veces más alta que la mínima, lo cual es socialmente injusto. También tiene posibilidades que le permitirían aumentar los ingresos: incrementar el número de cotizantes, elevar las cotizaciones o hacer recaer parte de las pensiones sobre los presupuestos del Estado, entre otras medidas.
El Pacto de Toledo que se creó dentro del Congreso de los Diputados en 1995 para vigilar el tema de las pensiones se ha reunido recientemente y ha recomendado una serie de cambios en el sistema. Estas recomendaciones tienen un carácter ambiguo, al estar representados los distintos partidos políticos con distintas sensibilidades en lo social, pero en una cosa se han puesto de acuerdo y es en que no hay consenso para recomendar una elevación de la edad de jubilación; no obstante, la variedad de recomendaciones que ha sugerido puede ser aprovechada por el gobierno para justificar algunas de las medidas que previsiblemente salgan del Diálogo Social.
El gobierno argumenta que el envejecimiento de la población es un hecho, debido al aumento de la esperanza de vida que se ha incrementado, y por la falta de nacimientos; y que la relación entre pasivos que cobran una pensión y activos que cotizan al sistema, que ahora es de 1 a 2 , empeorará, y esto es insoportable para el sistema. Sin embargo, economistas, comentaristas y partidos políticos con otra sensibilidad social sostienen que, aunque en 2050 las pensiones llegarán a suponer el 15% del PIB( según datos de la propia UE), y no el 10% como ahora, se puede soportar y quedarían recursos del país en cantidad suficiente para dedicarlos a otros fines( Véase, Juan Torres, V. Navarro, Izquierda Unida, otros partidos políticos de izquierda sin representación parlamentaria y sindicatos alternativos, en sus blogs y páginas web). Debemos de aclarar de paso que la riqueza global del país está muy concentrada en pocas manos y que puede aflorarse y repartirse mediante una subida selectiva de impuestos, para lo que hay margen, pues la presión fiscal en España es una de las más bajas de la UE, siendo en estos momentos del 31,3% sobre el PIB, diez puntos por debajo de la media europea( Ver Presupuestos Generales del Estado para 2011).
En concreto, los planes del gobierno son disminuir el coste de las pensiones sea como sea, y para eso se proponen varias medidas de hondo calado, fundamentalmente las siguientes: subir la edad legal de jubilación hasta los 67 años, aumentar el número de años para calcular la pensión, de 15 años a 25, e incrementar el número de años para cobrar el 100% de la pensión que corresponda. Cualquiera de estas medidas supone una disminución de las pensiones en tiempo y cuantía, y una combinación de todas ellas las reducirá drásticamente.
Todo este esfuerzo del gobierno en disminuir las pensiones hace pensar que no se dedicarán esfuerzos significativos al aumento de los ingresos del sistema, es decir, al aumento de los cotizantes, o lo que es lo mismo, a incrementar el nivel de empleo, haciendo desaparecer la lacra de los 4,5 millones de parados. Previsiblemente hay que esperar, una vez sembrada la duda sobre la solidez de las pensiones, un incremento de la presión para que se contraten pensiones privadas, e igualmente es muy posible que los empresarios vuelvan rápidamente a pedir una disminución de sus cotizaciones a la Seguridad Social para mejorar su competitividad y tasa de ganancia.
Nota: Una vez firmado el pacto social, el gobierno logra su objetivo de recortar las pensiones, cumpliendo así con las imposiciones de la UE. El objetivo se va a conseguir a costa de los derechos de los trabajadores, pues su pensión quedará disminuida al aumentar los años de cálculo de la misma, e incrementando los años de cotización para obtener el 100% de su pensión lo que se traduce en una prolongación de su vida laboral.
Si descontamos la estrategia negociadora del gobierno al plantear unos máximos en la negociación, los sindicatos mayoritarios apenas han logrado modificar esos planes. Además, la puerta queda abierta para futuras reformas.
Las pensiones forman parte del sistema de protección de la Seguridad Social; por otro lado, existe el sistema de protección para los funcionarios públicos, clases pasivas del Estado, con 1,8 millones de pensionistas, con gestión y financiación independiente del anterior (Datos de la Secretaría General del Ministerio de Hacienda).
La pertenencia a la Seguridad social es obligatoria para las empresas y trabajadores.
Actualmente hay 17,6 millones de cotizantes, y su evolución a lo largo de estos dos últimos años ha sido negativa a causa del paro (Todos los datos sobre Seguridad Social y pensiones se pueden encontrar en la web “seg-social.es”).
La Seguridad Social cubre las contingencias generales, entre las cuales está la jubilación; el desempleo, el fondo de garantía salarial y la formación profesional de los trabajadores.
El sistema se financia mediante las aportaciones de los empresarios que suponen el 29,9% de los salarios( se considera esta aportación como un salario del trabajador diferido en el tiempo), y el trabajador que aporta el 6,35% de su salario bruto.
Con estas cotizaciones se pagan los gastos del sistema durante el año. Es un sistema de reparto, frente a los sistemas privados de capitalización, y ayuda a la cohesión social tratando de igualar indirectamente las rentas de los ciudadanos.
El capítulo de pensiones comprende las de jubilación, viudedad y orfandad fundamentalmente.
Hay pensiones contributivas para los que son cotizantes del sistema; y no contributivas, para los que no han podido acceder al sistema por diferentes causas, que, de momento, también las paga la Seguridad Social, en parte, siendo la otra parte con cargo a los presupuestos generales del Estado.
El número de pensionistas de la Seguridad Social era de 8,6 millones en 2010, siendo las pensiones de jubilación las más numerosas, seguidas por las de viudedad.
El cálculo de la pensión se hace teniendo en cuenta los salarios de los últimos 15 años, básicamente.
Los resultados económicos del sistema, finalizado el 2010, han sido, referidos a las pensiones, los siguientes: los ingresos de los cotizantes para pensiones y prestaciones contributivas han supuesto 105.682 millones de €, siendo los gastos por este mismo concepto de 105.444 €, lo cual indica un equilibrio del sistema de pensiones y prestaciones contributivas. Este gasto en pensiones supone el 10% del PIB del pasado año( La seguridad Social ha utilizado un PIB de alrededor de 1 billón de euros).
En conjunto, todo el sistema de Seguridad Social ha tenido un superavit de 2.400 millones de € que sumado al que ya existía conforman un fondo de garantía acumulado de 62.400 millones de €.
El sistema ha funcionado de una manera solvente y eficiente, aunque mejorable, y no hay razones de fondo, científicas, que justifiquen una reforma del mismo como la que se pretende(Juan Torres, Noticias Obreras, 16-7-2010).
La pensión media mensual era ,en diciembre de 2010, de 892€ mensuales, siendo la pensión máxima de 2466€ y la mínima alrededor de 725€, las cuales fija el Estado.
Cuando las pensiones que corresponden a los pensionistas están por debajo del mínimo, existe un complemento a mínimos que paga el Estado, aunque solo en parte.
Cerca del 30% de los jubilados recibe una pensión mínima.
No podemos decir que el sistema de pensiones sea generoso con los pensionistas. Ya hemos indicado el alto porcentaje de pensiones que son mínimas y a esto podemos añadir que la pensión media que se recibe es solo el 50% del salario medio que se cobra en España, que era en el pasado año de 1800€ brutos. De acuerdo con la riqueza relativa del país, todavía se podrían gastar del presupuesto público 66.000 millones de euros más en gasto social, y por lo tanto en pensiones, para estar simplemente a la altura de la media europea ( V. Navarro, en “blogs.publico.es”, de 27-5-2010).
Naturalmente el sistema admite mejoras, tanto en prestaciones como en ingresos: las pensiones mínimas son bajas y especialmente muchas de las de viudedad, de manera que la pensión máxima es tres veces más alta que la mínima, lo cual es socialmente injusto. También tiene posibilidades que le permitirían aumentar los ingresos: incrementar el número de cotizantes, elevar las cotizaciones o hacer recaer parte de las pensiones sobre los presupuestos del Estado, entre otras medidas.
El Pacto de Toledo que se creó dentro del Congreso de los Diputados en 1995 para vigilar el tema de las pensiones se ha reunido recientemente y ha recomendado una serie de cambios en el sistema. Estas recomendaciones tienen un carácter ambiguo, al estar representados los distintos partidos políticos con distintas sensibilidades en lo social, pero en una cosa se han puesto de acuerdo y es en que no hay consenso para recomendar una elevación de la edad de jubilación; no obstante, la variedad de recomendaciones que ha sugerido puede ser aprovechada por el gobierno para justificar algunas de las medidas que previsiblemente salgan del Diálogo Social.
El gobierno argumenta que el envejecimiento de la población es un hecho, debido al aumento de la esperanza de vida que se ha incrementado, y por la falta de nacimientos; y que la relación entre pasivos que cobran una pensión y activos que cotizan al sistema, que ahora es de 1 a 2 , empeorará, y esto es insoportable para el sistema. Sin embargo, economistas, comentaristas y partidos políticos con otra sensibilidad social sostienen que, aunque en 2050 las pensiones llegarán a suponer el 15% del PIB( según datos de la propia UE), y no el 10% como ahora, se puede soportar y quedarían recursos del país en cantidad suficiente para dedicarlos a otros fines( Véase, Juan Torres, V. Navarro, Izquierda Unida, otros partidos políticos de izquierda sin representación parlamentaria y sindicatos alternativos, en sus blogs y páginas web). Debemos de aclarar de paso que la riqueza global del país está muy concentrada en pocas manos y que puede aflorarse y repartirse mediante una subida selectiva de impuestos, para lo que hay margen, pues la presión fiscal en España es una de las más bajas de la UE, siendo en estos momentos del 31,3% sobre el PIB, diez puntos por debajo de la media europea( Ver Presupuestos Generales del Estado para 2011).
En concreto, los planes del gobierno son disminuir el coste de las pensiones sea como sea, y para eso se proponen varias medidas de hondo calado, fundamentalmente las siguientes: subir la edad legal de jubilación hasta los 67 años, aumentar el número de años para calcular la pensión, de 15 años a 25, e incrementar el número de años para cobrar el 100% de la pensión que corresponda. Cualquiera de estas medidas supone una disminución de las pensiones en tiempo y cuantía, y una combinación de todas ellas las reducirá drásticamente.
Todo este esfuerzo del gobierno en disminuir las pensiones hace pensar que no se dedicarán esfuerzos significativos al aumento de los ingresos del sistema, es decir, al aumento de los cotizantes, o lo que es lo mismo, a incrementar el nivel de empleo, haciendo desaparecer la lacra de los 4,5 millones de parados. Previsiblemente hay que esperar, una vez sembrada la duda sobre la solidez de las pensiones, un incremento de la presión para que se contraten pensiones privadas, e igualmente es muy posible que los empresarios vuelvan rápidamente a pedir una disminución de sus cotizaciones a la Seguridad Social para mejorar su competitividad y tasa de ganancia.
Nota: Una vez firmado el pacto social, el gobierno logra su objetivo de recortar las pensiones, cumpliendo así con las imposiciones de la UE. El objetivo se va a conseguir a costa de los derechos de los trabajadores, pues su pensión quedará disminuida al aumentar los años de cálculo de la misma, e incrementando los años de cotización para obtener el 100% de su pensión lo que se traduce en una prolongación de su vida laboral.
Si descontamos la estrategia negociadora del gobierno al plantear unos máximos en la negociación, los sindicatos mayoritarios apenas han logrado modificar esos planes. Además, la puerta queda abierta para futuras reformas.
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