El Gobierno de la Comunidad de Madrid está tramitando una nueva ley para permitir construir viviendas y urbanizaciones en el suelo protegido de toda la región. Las parcelas deberán tener 5 ha de superficie para suelos protegidos por el planeamiento y 10 ha para los que tengan protección sectorial.
En ambos casos se permitirá edificar un 1% de la superficie de la parcela, dando como resultado viviendas de 500 a 1000 m2 de superficie en una sola planta.
Esto quiere decir que se podrán edificar viviendas aisladas y urbanizaciones formadas por grandes fincas en espacios protegidos, montes preservados, humedales, embalses, dehesas, etc. Estas viviendas se encontrarán en situaciones poco controlables y serán de tal tamaño que será prácticamente imposible comprobar los usos que alojan ni su subdivisón o ampliación fraudulenta, de forma que se producirá una degradación irreversible del territorio.
Por poner un ejemplo, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de 52.796 hectáreas de extensión de las cuales el 65% son de titularidad privada, se podrían construir 3.431 viviendas de 1000 m2 de planta cada una, pudiendo hacerse una o varias urbanizaciones dentro del propio Parque Regional con accesos restringidos, donde difícilmente se podrá controlar la protección real del entorno.
La nueva ley de viviendas rurales sostenibles como se denomina, en un claro ejercicio de demagogia, se justifica en un impacto beneficioso para la economía madrileña y en el convencimiento de que existe una gran demanda de este tipo de viviendas
Con estos argumentos tan manipuladores, este anteproyecto de ley plantea un “todo vale” en suelos protegido y supone una amenaza para el medio natural, dado que facilita la urbanización de suelos rurales con protección, convirtiendo el urbanismo, en la Comunidad de Madrid, en una disciplina laxa sin herramienta alguna para proteger el interés general, ni controlar la dispersión urbana o el consumo irracional del suelo.
